LOPERA | Colectivos advierten a los municipios implicados, sobre riesgos legales de las plantas solares

Plataformas vecinales y ecologistas alertan de la nulidad de los proyectos fotovoltaicos en Lopera, Arjona y Marmolejo, y piden a los ayuntamientos frenar las licencias.

Redacción | 16 de septiembre de 2025

La oposición ciudadana a los proyectos de megaplantas solares en Lopera, Arjona y Marmolejo gana fuerza. Tres plataformas —Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad— han remitido escritos a la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, y a los diez concejales del municipio, así como a representantes de los consistorios vecinos, advirtiendo que las autorizaciones otorgadas para estas instalaciones son nulas de pleno derecho. Unos escritos que han enviado también a los ayuntamientos de Arjona y Marmolejo, localidades cuyo término municipal también está contemplado dentro de las áreas en las que prevén instalar las placas solares.

En los escritos se subraya que el fraccionamiento de los proyectos en varios de menos de 50 MW constituye un fraude de ley para evitar la evaluación ambiental conjunta y el control estatal del Ministerio para la Transición Ecológica. “Este fraccionamiento ilegal busca eludir el control estatal y aprobar por vía ordinaria lo que en realidad es un megaproyecto”, denunció Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.

Las plataformas recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya se pronunció en julio confirmando la nulidad de este tipo de proyectos, respaldando criterios del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la UE. “Los alcaldes y concejales deben saber que, si conceden licencias, se enfrentan a graves consecuencias legales y a posibles responsabilidades patrimoniales”, advirtió Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

Además, desde la plataforma Campiña Norte recordaron que en febrero ya se interpuso una denuncia penal por posible prevaricación medioambiental, motivada por expropiaciones a propietarios afectados. “No se pueden tomar decisiones sin claridad sobre los proyectos, porque está en juego el futuro de nuestro olivar tradicional”, señaló su portavoz, Rafael Alcalá.

Los colectivos también reclaman información sobre el estado de las licencias y recuerdan que el derecho de acceso a la información pública les ampara. Aseguran que su lucha es una batalla de “David contra Goliat”, pero confían en que la ley y la defensa del olivar tradicional están de su parte.

Con este movimiento, las plataformas ciudadanas buscan que los ayuntamientos frenen las licencias hasta que se aclaren los procesos y se estudien a fondo los proyectos, advirtiendo que seguir adelante supondría un grave riesgo para los consistorios y sus representantes.