ANDÚJAR | El Defensor del Pueblo pide a Andújar datos sobre albergues y atención a temporeros

La Institución solicita al Ayuntamiento de Andújar información sobre plazas de alojamiento, servicios sociales y medidas previstas para evitar el sinhogarismo en la campaña oleícola

REDACCIÓN | 22 de enero de 2026

El Ayuntamiento de Andújar figura entre los municipios jiennenses a los que el Defensor del Pueblo Andaluz ha dirigido actuaciones de oficio para analizar la atención residencial y social que se ofrece a las personas temporeras que llegan a la provincia con motivo de la campaña de recogida de la aceituna.

La actuación se impulsa ante la persistencia de situaciones de exclusión y precariedad que afectan a parte de esta población, especialmente a quienes llegan sin un contrato previo o no consiguen incorporarse a cuadrillas de trabajo, lo que dificulta su acceso a un alojamiento digno y estable.

En el caso de Andújar, la Institución ha solicitado información sobre la estimación de temporeros desplazados al municipio y el número aproximado de personas que podrían encontrarse en situación de sinhogarismo, así como las necesidades sociales detectadas. También se requiere un análisis de los recursos habitacionales disponibles, tanto públicos como alternativos, y una valoración de su adecuación para cubrir la demanda real.

El requerimiento incluye datos detallados sobre el albergue municipal, como el número de plazas, los servicios que se prestan, los días máximos de estancia y los periodos de apertura y cierre en las campañas 2023/2024 y 2024/2025. De cara a la campaña 2025/2026, se solicita además información sobre las medidas de detección y atención a personas en situación de calle, el presupuesto destinado a estos dispositivos y las fuentes de financiación.

Desde el Defensor del Pueblo se subraya igualmente la necesidad de reforzar la coordinación entre los servicios sociales municipales y las entidades del tercer sector, así como de contar con espacios estables de seguimiento de la campaña. La Institución alerta, además, del impacto social añadido que supone la aparición de discursos estigmatizantes hacia la población migrante vinculados a situaciones de precariedad, insistiendo en la importancia de abordar el fenómeno desde la planificación, la convivencia y la igualdad de derechos.