Gámez afirmaba que el Ayuntamiento de Lopera «ha salido al paso y ha habilitado un espacio para que puedan acudir los usuarios y usuarias que habitualmente acuden a este centro», pero el cierre de las instalaciones originales está afectando a los tres trabajadores del centro como son el director, el conserje y la limpiadora.

La parlamentaria socialista ha pedido a la Junta que «explique qué destino laboral van a tener estas tres personas y por qué no están realizando sus funciones y tareas en la ubicación provisional cedida por el Ayuntamiento de Lopera».

Gámez ha comunicado que el Grupo Parlamentario Socialista «va a iniciar todos los trámites pertinentes para que la Junta de Andalucía informe de la situación del centro y dé certidumbre a las personas afectadas».

Mientras tanto, los usuarios y usuarias del CPA continúan desarrollando su actividad en el local cedido por el consistorio loperano mientras se realiza, según afirman desde el propio Ayuntamiento, el arreglo integral del edificio titular de este servicio y que compete a la Junta de Andalucía.