MARTOS | Martos deberá informar sobre albergues y recursos sociales para temporeros de la aceituna

El Defensor del Pueblo Andaluz solicita al Ayuntamiento de Martos datos sobre plazas de albergue, recursos sociales y medidas frente al sinhogarismo durante la campaña de la aceituna

Redacción || 22 de enero de 2026

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una serie de actuaciones de oficio dirigidas a una docena de ayuntamientos de la provincia de Jaén, entre ellos Martos, con el objetivo de recabar información detallada sobre la atención residencial y social que se presta a las personas temporeras durante la campaña de recogida de la aceituna.

La iniciativa responde a la persistencia de dificultades para acceder a un alojamiento digno por parte de trabajadores que se desplazan a la provincia sin contratación previa o que no logran incorporarse a cuadrillas, viéndose en muchos casos abocados a situaciones de precariedad, como el hacinamiento en viviendas, estancias muy limitadas en albergues o incluso la pernocta en la vía pública.

En este contexto, la Institución ha solicitado al Ayuntamiento de Martos información relativa a la estimación de temporeros desplazados al municipio, cuántos de ellos podrían encontrarse en situación de sinhogarismo y cuáles son las principales necesidades detectadas. Asimismo, se pide un inventario de los recursos habitacionales disponibles —públicos o alternativos— y una valoración de si resultan suficientes para atender la demanda existente.

Otro de los aspectos clave del requerimiento se centra en el funcionamiento del albergue municipal, solicitándose datos como el número de plazas disponibles, los servicios que se prestan, los días máximos de estancia y los periodos de apertura y cierre durante las campañas 2023/2024 y 2024/2025. De cara a la campaña 2025/2026, también se pide información sobre la detección de personas en situación de calle, las medidas previstas para su atención, el presupuesto destinado y las fuentes de financiación.

Desde la Institución se recuerda que esta problemática ha sido objeto de seguimiento continuado en informes remitidos al Parlamento de Andalucía desde hace más de dos décadas, subrayando la necesidad de una planificación adecuada, coordinación entre administraciones y financiación suficiente, con un enfoque centrado en los derechos humanos, la convivencia y la prevención de la exclusión social.