María Garzón: “La resolución del comité de Derechos Humanos de la ONU ha sacado los colores a la justicia de nuestro país”

La hija del exjuez de Torres sale al paso, en 7 TV Jaén,  tras el pronunciamiento que da la razón al expediente presentado en contra de la inhabilitación a la que fue condenado. “Es una resolución que hace justicia, al menos moralmente”.

Victoria Jiménez, 26 de agosto de 2021

La hija del exjuez Baltasar Garzón, María Garzón, ha respondido a la llamada de esta casa para posicionarse sobre la resolución del comité de Derechos Humanos de la ONU que obliga a España a que borre los antecedentes penales, casi diez años más tarde de que el de Torres fuera apartado de la justicia, asegurando que este fue condenado sin garantías en los procesos seguidos contra él por prevaricación en el Supremo, por los casos Franquismo y Gürtel. 

Las manifestaciones las ha hecho tan sólo horas más tarde de que la noticia saltara a los medios de comunicación, asegurando que: “es una resolución que hace justicia, al menos moralmente ya que no es vinculante para el Estado español, pero que sin duda le ha sacado lo colores a la justicia de nuestro país”.

La vicepresidenta de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, pro Derechos Humanos y jurisdicción universal, añade que “para nosotros es muy importante porque se demuestra que no había delito de prevaricación, que la decisión estaba tomada con el mismo criterio que la Fiscalía y la policía, de hecho, las escuchas fueron prorrogadas por otro juez”.

Ahora cuando a punto están de cumplirse 10 años desde que Baltasar Garzón fuera apartado de la carrera judicial, el Comité de Derechos Humanos de la ONU considera  que existen dudas “objetivamente justificadas” de que el ex magistrado tuviera acceso a un tribunal independiente e imparcial”, considerando que el Supremo vulneró el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por España en 1977, y no respetó el derecho de Garzón a un proceso “con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”.

 Así resuelve el comité de Derechos Humanos de la ONU, seis años después de que el propio Garzón iniciara el expediente en la que afirmaba haber sido víctima de “una persecución y de represalias” como respuesta a las investigaciones que dirigía sobre el caso Gürtel y los crímenes del franquismo. 

Argumenta el escrito que la decisión de pinchar los teléfonos de los abogados de los principales acusados de Gürtel se adoptó a petición de la policía, contó con el respaldo de la Fiscalía, que como el magistrado también vio indicios de actividad delictiva en los letrados, y fue prorrogada por el juez que sustituyó a Garzón en la investigación. Y establece que la interpretación de Garzón “aún en el supuesto de haber sido errónea, según señaló el Estado [Español en sus alegaciones], no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más bien una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables”.  En este sentido María Garzón cataloga lo ocurrido como “una caza política debido a la apertura de los juicios”. Concluye asegurando que, aunque la resolución haya llegado tanto tiempo después, cuando ya se ha cumplido la inhabilitación, “estamos muy contentos con la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El dictamen recuerda que la posición de la Fiscalía fue que no cabía condenar a Garzón por prevaricación por pinchar los teléfonos de las defensas porque así lo permitía la Ley General Penitenciaria. El Supremo consideró por contra que la intervención generalizada de las comunicaciones a las defensas de los imputados en Gürtel fue una decisión injusta dictada a sabiendas, suficiente para condenarlo por prevaricación y sacarlo de la carrera. El organismo de la ONU también se coloca del lado de Garzón sobre la falta de imparcialidad de algunos de los jueces que lo condenaron.