La Oficina Andaluza Antifraude registra en Jaén cerca de 40 denuncias en su mayoría dirigidas a entes locales 

Este organismo garantiza la confidencialidad del denunciante, así como su anonimato, además de vigilar que la persona que ha denunciado no sufra un empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni sea objeto de amenazas, perjuicio o discriminación.

Rodrigo de la Torre || 20 de febrero de 2024

En el año 2021 se constituyó la Oficina Andaluza Antifraude para investigar hechos que pudieran ser constitutivos de corrupción, conflicto de intereses o cualquier actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses públicos o financieros del ámbito territorial de Andalucía.

Se trata de una entidad adscrita al Parlamento de Andalucía que dirige Ricardo Puyol, que en su carrera en judicatura cuenta con numerosas publicaciones en materia de corrupción, habiendo participado como consultor internacional en numerosos programas de la Unión Europea en materia de Cooperación Jurídica Internacional para promover y facilitar los mecanismos de prevención y represión de conductas vinculadas a la corrupción, a la delincuencia organizada y conductas afines, incorporando propuestas técnicas de mejora legislativa.

Desde su que esta oficina comenzara a funcionar, en la provincia de Jaén se han registrado un total de 36 denuncias, siendo un 83% a actividades de entes locales y un 17% a la Junta de Andalucía. De estas 36 denuncias, 13 se presentaron por asuntos que conciernen a recursos humanos, cinco a materias relacionadas con autorizaciones o licencias, dos a contratos, una a incompatibilidades y 15 a temas diversos.

El número de denuncias ha ido creciendo de manera exponencial desde que se formara la Oficina Andaluza Antifraude. Mientras que en el 2021 solo se presentaron dos, en el 2023 fueron un total de 464, en su mayoría, de nuevo, a entes locales. Un crecimiento exponencial que, sin embargo, a Ricardo Puyol todavía le parece un número bajo.

En su trabajo diario, esta oficina garantiza la confidencialidad del denunciante, así como su anonimato, además de vigilar que la persona que ha denunciado no sufra un empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni sea objeto de amenazas, perjuicio o discriminación.