Redacción || 12 de marzo

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, destinará 1,2 millones de euros en 2024 para financiar equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección en la provincia de Jaén a través de la Diputación y los ayuntamientos de los municipios mayores de 20.000 habitantes. A Martos le han destinado 88.000 euros.

Así lo detalló ayer la delegada del ramo, Ángela Hidalgo, en su visita al Patronato de Servicios Sociales de Linares, acompañada por la concejala de Igualdad y Asuntos Sociales de la ciudad, Carmen Muñoz. «Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores», afirmó.

El programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección tiene como objetivo principal la preservación de los derechos de los niños y niñas. Se trata de promover su desarrollo integral en su medio familiar y hacer posible su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores.

Por otro lado, durante esta visita a Linares, la delegada abordó las características del cuarto Decreto Ley de simplificación y racionalización administrativa de la Junta en cuanto a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad como «una herramienta al servicio de la mejora de las personas en situación de dependencia».

«Gracias a este plan, la administración será más ágil y menos burocrática, de tal modo que el reconocimiento de la dependencia se hará en una sola visita de la persona interesada y no en dos, como ocurría hasta el momento», destacó Hidalgo.

Al hilo, señaló que la valoración y el Plan Individual de Atención (PIA) se realizarán «en un solo paso» con el objetivo de facilitar el acceso a las personas beneficiarias. Un cambio en la tramitación para el que se inicia «un trabajo de adaptación, conocimiento y adecuación con los profesionales del sector, una pieza clave para que la nueva gestión de la dependencia se realice de forma adecuada».