Andújar, 26 de enero de 2024.

La atención a todas las personas con discapacidad auditiva de Andújar y su comarca es el objetivo principal del acuerdo que han suscrito la Fundación Caja Rural de Jaén y la Asociación de Personas Sordas de la Comarca de Andújar (ASOCOAN). Un convenio de colaboración que se traduce en el proyecto ‘La lengua de signos es nuestra voz’.

Una iniciativa que permitirá a un centenar de personas romper las barreras de comunicación a las que se enfrentan diariamente. “La labor de Asocoan está repercutiendo positivamente en la vida diaria de las personas con las que trabaja habitualmente, fomentando su integración a nivel educativo, social o laboral”, ha subrayado el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas.

A través de la participación de un educador social con conocimientos en lengua de signos se ofrecerá un servicio de orientación social, personal y familiar. De este modo, desde la asociación se cubrirán las necesidades que cualquier persona sorda o familiar requiera en sus actividades diarias.

El presidente de Asocoan, Diego Mercado, ha remarcado que, más allá de la misión principal de la iniciativa, este proyecto pretende “conseguir que la sociedad se sensibilice con la comunidad sorda y se involucre para eliminar cualquier barrera de comunicación”.

La actividad, que se desarrollará de marzo a junio, estará dirigida a personas con discapacidad auditiva de localidades como Andújar, Lahiguera, Arjona, Arjonilla, Marmolejo, Porcuna, Lopera y Villanueva de la Reina.

Rural Solidaria 2024
Esta convocatoria está destinada a impulsar proyectos desarrollados por entidades que trabajan en los ámbitos de la discapacidad, enfermedad crónica y adicciones.

Una línea de colaboración dirigida a las personas que pertenecen a asociaciones que trabajan en los ámbitos anteriormente mencionados y que serán los beneficiarios directos de las intervenciones de los profesionales. Además, los profesionales que trabajan con estos colectivos serán otro de los grupos beneficiados, ya que la mayoría de entidades destinan el importe de las ayudas a sufragar todo o parte de las nóminas o seguros sociales de las personas que intervienen en los proyectos.