El Juzgado admite a trámite la denuncia de los afectados por las placas solares

La denuncia penal por “posibles delitos contra la flora y fauna y delito de prevaricación ambiental”, se interpuso a los delegados de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a la delegada de Sostenibilidad y Medioambiente y a la empresa Greenalia

Redacción || 6 de marzo de 2025

Este jueves 5 de marzo de 2025 marca un avance significativo para los afectados por los procesos de expropiación destinados a la construcción de varias plantas fotovoltaicas en los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo. El Juzgado de Guardia de Andújar ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado 28 de enero por la plataforma Campiña Norte contra las megaplantas solares, en la que se señalan posibles delitos contra la flora y fauna, así como un presunto delito de prevaricación ambiental.

La denuncia va dirigida contra la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Jaén, representada por su delegado Javier Calvente Gallego, así como contra la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, encabezada por Mª José Lara Serrano. También se incluyen en la denuncia varias empresas responsables de los proyectos fotovoltaicos:

• Greenalia Solar Power San Julián I, S.L.
• Greenalia Solar Power Zumajo II, S.L.
• Greenalia Solar Power Guadame III, S.L.
• FRV Arroyadas 1, S.L.

Con la apertura de diligencias por parte del juez, se inicia la fase de instrucción para investigar los hechos denunciados. Ante esta situación, la plataforma afectada exige que los ayuntamientos de Lopera y Arjona se abstengan de conceder nuevas licencias para las obras de estas megaplantas solares hasta que se esclarezcan los hechos.

Además, se ha solicitado por escrito a ambos consistorios que, en caso de haber otorgado ya permisos de obra, paralicen inmediatamente las licencias concedidas. La plataforma advierte que, si el proceso judicial concluye con una sentencia que confirme la existencia de delito, aquellos responsables que hayan permitido la continuación de las obras podrían incurrir en responsabilidad penal y civil por los daños causados.

Los ayuntamientos, por tanto, deberán revisar detalladamente los informes medioambientales presentados por las empresas antes de autorizar cualquier actuación en los terrenos afectados, asegurándose de que cumplen con la normativa vigente.