Andújar, 20 de marzo de 2024.

Las políticas sobre los cuidados son la clave de bóveda que sostiene nuestra sociedad, éstas deben implementarse con herramientas imprescindibles para la vida, que permiten y habilitan que todo lo demás sea posible. Si sobre ello no había dudas, la pandemia de la Covid-19 puso aún más de manifiesto su importancia, al tiempo que visibilizó las debilidades estructurales de nuestro sistema de cuidados.

Sin embargo, consideran desde IU, «su desarrollo y sobre todo el impacto final en la sociedad sigue siendo una asignatura pendiente. El primer traspié a dicho desarrollo e impacto final vino dado por la salida que se dibujó en la crisis financiera de 2008 con medidas como la reforma de la constitución que hicieron que el Partido Popular después llevara a cabo medidas austericidas y recortes en la inversión pública». Políticas que, aseguran desde la formación de izquierdas «se llevaron por delante más de 3.000 millones de euros en materia de transferencias a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de la Ley de la Dependencia, de los cuales 730 millones de euros correspondían a Andalucía, siendo el brazo ejecutor de dicho recorte el actual Presidente del Gobierno Andaluz, Moreno Bonilla como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en el Gobierno de Rajoy.

En un comunicado de IU, informan de que «el hoy presidente andaluz intentó cargarse la ley social más importante aprobada en España en los últimos 25 años. Retrasó la entrada de los dependientes moderados, eliminó la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, que solo en Andalucía eran 55.000, les recortó la prestación económica un 15% y redujo el número de horas de la Ayuda a Domicilio a las personas que eran atendidas».

Enumeran desde el grupo municipal una serie de cifras en este sentido, como que según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales, en España hay 190.695 personas que estaban pendientes de recibir prestación a septiembre de 2023 pese a tener el derecho reconocido. De esas personas 40.590 personas eran andaluzas, más de un 21% del total, 3 puntos por encima de población porcentual que representa Andalucía. De esas 40.590 andaluzas y andaluces que estaban pendientes de recibir prestación por dependencia a septiembre de 2023 en Andalucía, 5.304 fallecieron en lista de espera.

A esta situación suman también la que consideran «una falta de personal estructural para atender las necesidades de la gente y el desarrollo de medidas como esta, con una plantilla totalmente insuficiente de 439 profesionales para poder realizar las valoraciones de las que dependen directamente la reducción de las listas  de espera».

Es por ello que IU – Podemos Andújar, presentará una moción en el próximo pleno municipal para llegar a una serie de acuerdos.

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España y al Ministerio de Políticas Sociales a continuar en los avances en materia de las políticas de cuidados en general y en
particular en el desarrollo y el impacto final de los derechos contemplados en la Ley de Dependencia.

SEGUNDO.- Mostrar nuestra preocupación y denuncia por la situación del desarrollo de la Ley de Dependencia en Andalucía en general y en particular por la falta de atención a las personas dependientes en listas de espera para que puedan ser atendidos, exigiendo al Gobierno de la Junta de Andalucía una rectificación integral en su política en la materia de derechos sociales.

TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a reducir drásticamente las listas de espera de personas tanto reconocidas pendientes al Plan Individual de Atención  como pendientes a reconocimiento para lo que se hace necesario el duplicar de forma estructural el personal para las valoraciones que actualmente es totalmente insuficiente al tiempo que se desarrollen medidas que ayuden a la agilización de los trámites.

CUARTO.- Instar a la Junta de Andalucía a elevar el precio/hora para el Servicio de Ayuda a Domicilio a los 20 €/hora estableciendo además incentivos para favorecer y hacer más factible la gestión directa del servicio a través de las administraciones públicas garantizándose un empleo digno y de calidad, y en todo caso, para aquellas administraciones que decidan privatizar el servicio, estableciendo cláusulas para que el aumento redunde en este mismo sentido.

QUINTO.- Trasladar los presentes acuerdos al Ministerio de Políticas Sociales del Gobierno de España, al Presidente de la Junta de Andalucía, a la Consejera de
Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, al Presidente del Parlamento de Andalucía, así como a los distintos Grupos Parlamentarios del mismo.