Redacción || 20 de febrero de 2024

El parlamentario socialista Víctor Torres denuncia que la Junta de Andalucía está taponando desde 2020 una inversión de 2,7 millones de euros en una docena de municipios de la provincia con cargo a la orden Citi. Torres exige al consejero de Universidad, Investigación e Innovación que aclare “qué es lo que va a ocurrir con esta inversión que la Junta le debe a la provincia de Jaén y que mantiene paralizada desde hace más de 3 años”.

Con su torpeza y su ineficacia en la gestión, “la Junta está perjudicando” a Begíjar, Bailén, Mengíbar, La Carolina, Alcaudete, Rus junto a otros municipios de la Loma y Villacarrillo junto al resto de municipios de la comarca de las Villas.

La Junta de Andalucía publicó las bases reguladoras de esta orden en 2019 y se procedió a su convocatoria en 2020, con un plazo de presentación de solicitudes que finalizó en septiembre de ese año. Se trataba de proyectos para el impulso y desarrollo de ciudades inteligentes en cooperación con entidades locales menores de 20.00 habitantes, con una financiación del 80% a cargo de la Junta y del 20% a cargo de los ayuntamientos.

 “Desde entonces, nadie sabe nada, los ayuntamientos le han ingresado a la Junta su parte del dinero y la Junta todavía no ha sido capaz de poner su parte y ejecutar la inversión. Hace unos meses, el propio consejero reconoció que la culpa era de la Junta, por la lentitud y cargas burocráticas del actual Gobierno andaluz. Pero a día de hoy, seguimos sin saber qué va a pasar con esta inversión que la Junta ya debería haber ejecutado”, critica.

Torres advierte que la última noticia conocida es que esos proyectos se han incluido ahora en el nuevo marco comunitario que finaliza en 2027, por lo que la Junta “podría retrasar la ejecución de los proyectos aún más”, puesto que podría justificarlos hasta el 31 de diciembre 2029. “Exigimos a la Junta de Andalucía que aclare cómo se encuentra este procedimiento, si va a iniciar pronto la ejecución de los proyectos en esta docena de municipios o si va a agotar los plazos y va a sumar casi una década de retraso”, cuestiona.