Redacción || 27 de julio de 2022

El Ministerio de Derechos Sociales ha convocado este miércoles una reunión urgente con el Ayuntamiento de Peal del Becerro, la Junta de Andalucía y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano para abordar los «ataques» ocurridos este fin de semana contra varias familias de etnia gitana de la localidad, tras la muerte por arma blanca de un joven de 29 años que trabajaba como portero en un pub de la localidad.

Tras la manifestación convocada en Peal de Becerro para pedir justicia por la muerte del joven, grupos de personas se saltaron el cordón de seguridad de la Guardia Civil y volcaron los vehículos de los detenidos por el crimen.

Cuando llegaron los refuerzos de la Guardia Civil, los asaltantes se dispersaron, pero un grupo se dirigió hacia una calle donde residen familias de etnia gitana y sin ninguna conexión con los detenidos. Fue allí donde causaron daños a varias viviendas, todas ellas deshabitadas en ese momento.

Varias familias han abandonado Peal de Becerro «por temor a la reacción del pueblo». «Lo dejamos todo abandonado para salir de allí y lo hicimos con lo puesto», ha dicho José Luis Amador, uno de los siete cabezas de familia que abandonaron el municipio jienense en cuanto se conoció el crimen.

Desde el departamento que dirige Ione Belarra califican estos incidentes como «inaceptables en un Estado de Derecho» y consideran que «no deben tener cabida en una sociedad plural, diversa y democrática como la nuestra». Además, reclama a las autoridades competentes «que se tomen las medidas necesarias para proteger a estas familias y a restaurar lo antes posible la convivencia pacífica».

Por su parte, el presidente y las dos vicepresidentas del Consejo Estatal del Pueblo Gitano han emitido un comunicado en el que han manifestado su «más contundente repulsa y consternación» tras el homicidio del joven de Peal de Becerro.

«Trasladamos nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a la familia por unos hechos que jamás debieron producirse y sobre los que ya está actuando la justicia. También lamentamos y condenamos los hechos producidos con posterioridad y de los que están siendo víctimas otras personas y familias gitanas, acosadas y amenazadas como responsables de un hecho que no han cometido», subrayan en el escrito. Asimismo, instan a las autoridades a que se tomen las medidas necesarias para proteger a estas familias y a «restaurar lo antes posible la convivencia pacífica».

También hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para «evitar que se utilice esta desgracia como una forma de estigmatizar a toda una comunidad» y a los medios de comunicación, para que «eviten afirmaciones, palabras o expresiones» que puedan «victimizar a un colectivo por delitos cometidos por alguno de sus miembros de los que no son, en ningún caso, responsables».