Redacción || 18 de septiembre de 2024

Ecologistas en Acción en Jaén ha reclamado este miércoles a la Junta de Andalucía «una valoración real» de los daños del incendio en la Sierra de Andújar, de cara a su uso «como herramienta de concienciación» y «en la posible vía judicial».

En un comunicado, se ha referido al fuego que comenzó el 18 de agosto cerca del embalse de El Encinarejo y se dio por extinguido el día 27 con un balance de 797 hectáreas afectadas, de las que 530,44 son forestales (345,19 arboladas y 185,25 de matorral) y 256,44 de pasto, siendo las restantes de uso agrícola y urbano.

La organización ha destacado el «alto valor ecológico» del terreno y ha explicado que, pese a estar fuera del Parque Natural Sierra de Andújar, es una zona de especial protección europea (ZEC) y «zona cero de diferentes especies animales de enorme importancia», como el lince ibérico, el águila imperial y el buitre negro.

A la espera de los resultados definitivos de la investigación sobre las causas del fuego, ha recordado que los expertos en la materia «indican que más del 90 por ciento de los incendios son provocados por la mano del hombre».

«Y en estos casos no valen ni limpiezas de monte ni ninguna medida de campo. La única herramienta para prevenir los incendios forestales provocados por el ser humano, es la de concienciar y la vía judicial», ha subrayado.

Para Ecologistas en Acción, la concienciación «es muy complicada de arraigar como herramienta de disuasión», debido «a la escasa información que llega a los medios de comunicación y a las personas de calle tras el incendio».

Con respecto a los tribunales, es «una herramienta demasiado débil al aplicar sus condenas». «El precio real que cuesta provocar un incendio forestal, sin víctimas humanas, es bastante módico, con penas según el Código Penal de seis años como máximo para casos muy excepcionales, pero que generalmente suelen estar en torno a dos años de prisión», ha comentado.

Sin embargo, el daño a patrimonio histórico y cultural, recursos naturales o la flora y fauna silvestres están recogidos y penados en el Código Penal, aunque «solo cuando el delito se comete de manera individualizada».

Ha aludido a otro aspecto importante que no se suele tener en cuenta en estos juicios: la repercusión del fuego en muchas familias, «que se pueden ver dañadas en su modo de vivir y ganarse la vida». «Aunque no sufran el daño directo del fuego, sí sufren sus efectos en primera persona durante años a modo de recursos que ya no pueden ser aprovechados», ha añadido.

En este sentido, la organización ha puesto de relieve su preocupación sobre esta situación, ya que «un bosque o un espacio natural son mucho más que ciertas hectáreas de monte quemado como ha ocurrido en el incendio de Andújar».

Por ello, ha preguntado «cómo es que las penas que se imponen al autor son tan ridículas» y, «si la única herramienta que queda es la disuasión previa, por qué no hacer una valoración real de la zona quemada y los daños directos e indirectos producidos». Al hilo, ha defendido que estos datos «se conozcan oficialmente» como elemento disuasorio y para su uso posterior en un posible juicio.

De ahí que haya propuesto al delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, «que haga lo necesario para que, además de los delitos que el Código Penal impone por incendio forestal, se sumen en las acusaciones los encontrados y valorados desde la Junta de Andalucía, otras administraciones y afectados».

Al respecto, ha detallado que en las acusaciones se debe de recopilar y valorar los daños que el fuego haya provocado sobre el patrimonio histórico, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y los relativos a la protección de la flora y fauna. También se deben de incluir los daños relativos a las actividades económicas directas e indirectas, no solo presentes sino también futuras, como rentas que se hayan visto en peligro por la destrucción del recurso natural afectado.

«Para ello, desde un primer momento, las fiscalías y las administraciones competentes en materia de conservación de la naturaleza, de patrimonio y cultura, de economía y turismo deben hacer una valoración exhaustiva de lo dañado o perdido, para poder ser aplicado en los cargos y futura sentencia», ha recalcado.