La portavoz de Andalucía Por Sí – Andalucistas en el Ayuntamiento de Andújar, Encarna Camacho, ha anunciado la intensificación de todas las vías institucionales y jurídicas para frenar el proyecto de una planta de biometano prevista en el término municipal, al considerar que el procedimiento presenta irregularidades urbanísticas y administrativas y conlleva riesgos para la salud y la calidad de vida de la población.

Camacho ha centrado el foco en la tramitación del expediente, al subrayar que la instalación se proyecta sobre suelo no urbanizable, lo que exige de manera obligatoria la aprobación previa de una Actuación de Interés Público (AIP) por parte del Ayuntamiento. Se trata, ha recordado, de una autorización excepcional que solo puede concederse cuando existe un interés público acreditado y se cumplen estrictamente los requisitos legales.

Según ha explicado la portavoz andalucista, el procedimiento para resolver dicha AIP cuenta con un plazo máximo de seis meses, un límite temporal que ya se habría superado sin resolución expresa del gobierno municipal del PP. A su juicio, esta situación no puede considerarse un mero retraso administrativo, sino una inacción que genera inseguridad jurídica en torno a un proyecto que, sin esa autorización, no puede ejecutarse legalmente en la ubicación prevista.

Desde Andalucía Por Sí – Andalucistas se advierte de que la falta de respuesta institucional tiene consecuencias directas. Camacho sostiene que la pasividad del gobierno local no solo deja sin garantías a los vecinos ante un proyecto con potencial impacto sanitario y ambiental, sino que también pone de manifiesto deficiencias en la gestión de iniciativas complejas que afectan al interés general.

La portavoz ha insistido en que el debate no se limita al contenido del proyecto, sino a la forma en la que el Ayuntamiento está permitiendo que avance el procedimiento. En este sentido, ha señalado que la ausencia de control sobre los plazos y la falta de resolución de expedientes en materia de suelo no urbanizable resultan especialmente graves cuando se trata de una instalación industrial de gran envergadura.

El grupo andalucista defiende que una macroinstalación de estas características no puede abordarse como un trámite ordinario ni avanzar sin despejar las dudas existentes sobre su legalidad y su impacto. En palabras de Camacho, la ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad qué está ocurriendo y a que se cumpla la normativa urbanística vigente, sin excepciones ni ambigüedades.

Actuaciones emprendidas

En este contexto, Encarna Camacho ha detallado las actuaciones ya realizadas por Andalucía Por Sí – Andalucistas para exigir el cumplimiento de la legalidad. Entre ellas figura la solicitud y obtención de una certificación administrativa para comprobar el estado real del expediente y la situación de los plazos, con el objetivo de que se determine formalmente la posible caducidad del procedimiento.

Asimismo, el grupo municipal ha comunicado las irregularidades detectadas a la Junta de Andalucía, trasladando la información relativa a la falta de actuación municipal y a las eventuales consecuencias jurídicas derivadas de esta situación. De igual modo, se ha puesto el caso en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz, solicitando su intervención ante la posible vulneración del derecho de la ciudadanía a recibir información completa y accesible sobre un proyecto con incidencia directa en el entorno y la salud pública.

La formación andalucista también ha acudido al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, denunciando dificultades en el acceso a información pública relevante y reclamando mayores garantías de transparencia y control democrático en un procedimiento que, según sostienen, está generando una notable preocupación social.

Camacho ha subrayado que todas estas iniciativas se han llevado a cabo dentro de la legalidad y con un enfoque institucional, y ha advertido de que Andalucía Por Sí – Andalucistas continuará utilizando todas las herramientas a su alcance para proteger los intereses de Andújar y de sus vecinos frente a un proyecto que consideran incompatible con la normativa y con el bienestar del municipio.