Pilar Parra ni Luis Moya tuvieron ninguna conducta reprochable, según la jueza

La responsable del juzgado de instrucción que lleva el caso de Juan Fernández y Juan Sánchez y que ha pedido iniciar dos procesos judiciales contra ellos, archiva las diligencias contra Pilar Parra y Luis Moya porque no ve conducta judicialmente reprochable.

No hicieron nada que judicialmente pueda ser reprochable, según la jueza. Un nuevo auto del juzgado de Linares, en concreto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 da por archivadas las diligencias contra Pilar Parra y Luis Moya en la querella del PSOE contra el alcalde de Linares.

Tres días después de que la jueza emitiera el auto correspondiente con el que se inicia el procedimiento para que el alcalde del municipio, Juan Fernández, sea juzgado por un tribunal con jurado como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, la jueza ha emitido un nuevo auto en el que determina el sobreseimiento provisional para Pilar Parra.

La jueza considera que Fernández, desde julio de 2011 y hasta noviembre de 2017, «sustrajo en beneficio propio» al menos 100.300 euros procedentes de fondos públicos concedidos por el pleno del Ayuntamiento de Linares al grupo municipal socialista para gastos de funcionamiento. Lo hizo, según el auto, mediante cheques que también llevaban la firma de Pilar Parra, pero que ésta firmó en blanco.

En el auto referido a Parra y al que accedido Europa Press, la jueza establece que la conducta de Pilar Parra «se puede considerar como impudente, negligente y con una absoluta falta de cuidado en relación a unos fondos públicos que se encontraban en una cuenta bancaria de la que ella era cotitular y de la que firmaba cheques en blanco en la confianza de que serían usados lícitamente».

Añade que esta conducta «negligente» coadyuvó a que Fernández, «indiciariamente, se apropiara de más de 100.000 euros del grupo municipal durante siete años», sin que Parra «controlara los cargos que se hacían en la cuenta bancaria o el destino de los cheques que firmaba».

Subraya que dicha conducta «poco diligente» llevó a «un menoscabo a las arcas públicas», pero la jueza insiste en que «este comportamiento negligente carece de reproche penal al no estar tipificada la malversación por imprudencia, por lo que procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento».

En el mismo auto, acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias abiertas contra Luis Moya, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Linares en el último mandato, y que fue llamado al proceso en calidad de investigado al ser situado por alguno de los testigos y por Juan Fernández y Juan Sánchez como la persona que controlaba las cuentas del grupo municipal, y que además ideó el sistema para que Sánchez pudiera cobrar 600 euros al mes así como para que Fernández percibiera 1.700 euros al mes.

Recoge la jueza que las afirmaciones de Fernández y Sánchez sobre Luis Moya no han quedado acreditadas a lo largo de la instrucción. Destaca que Moya no tuvo «ninguna participación o responsabilidad en las cuentas del grupo municipal ni en las del partido en las que se cobraban los cheques» y además no tenía «ningún cargo orgánico en el partido del que pudiera resultar algún tipo de competencia para tomar este tipo de decisiones».

El auto de sobreseimiento no es firme y las partes tienen cinco días para recurrir en apelación ante la Audiencia de Jaén.

De la querella del PSOE interpuesta en octubre de 2018, también ha derivado otro procedimiento contra Juan Sánchez, en calidad de autor, y Juan Fernández, en calidad de cooperador necesario, por un delito de apropiación indebida que se tramita como procedimiento abreviado para su enjuiciamiento en un juzgado de lo Penal.

En este caso, la jueza determina que Juan Fernández y Juan Sánchez se pusieron de acuerdo para que Sánchez percibiera del PSOE una remuneración mensual de 600 euros por sus labores como secretario de Organización del PSOE de Linares. Lo hicieron «sin acuerdo adoptado al efecto por los órganos competentes del partido», lo que supuso, de enero de 2016 a octubre de 2017, un perjuicio al PSOE de 13.200 euros.

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