Redacción || 31 de mayo de 2020

Ocurría a principios del Estado de Alarma cuando saltaba la polémica: el Gobierno en un comunicado hablaba que se había «incautado» de 150.000 mascarillas en una fábrica de Alcalá la Real, la única de Andalucía que en aquel momento producía este tipo de material de protección. Después se habló de que no era incautación, sino que se había acordado que esa partida de mascarillas se iban a poner a disposición de hospitales y sanitarios de otras comunidades, lo que supuso la crítica de la Junta de Andalucía que consideraba a la empresa jiennense como una de las proveedoras destacadas del Servicio Andaluz de Salud. 

Este domingo, el caso da una vuelta de tuerca, que conocemos a raíz de una respuesta del Gobierno central a una pregunta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, en la que habla que efectivamente se trató de una incautación, que las mascarillas quedaron bajo custodia de la Guardia Civil, y que se debía a que no disponían «de la perceptiva licencia de fabricación de productos sanitarios».

En esa respuesta, el Gobierno indica que la llegada de la Guardia Civil para llevarse las mascarillas de esta empresa se producía después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) tuviera «conocimiento de la fabricación de mascarillas quirúrgicas en una fábrica de la provincia». «Se solicitó a la comunidad autónoma de Andalucía que llevase a cabo una inspección de las instalaciones de fabricación de la empresa», dice la respuesta parlamentaria «de acuerdo con el acta de la Inspección, se tomaron muestras de las mascarillas fabricadas por la empresa que carecían de marcado CE, y 150.000 mascarillas quedaron bajo la custodia de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén».