LOPERA | SOS Rural y E&L inician la batalla judicial contra el Ayuntamiento de Lopera y la Junta

Las acciones van contra el Ayuntamiento por el levantamiento de la suspensión de las licencias de las plantas y contra la Junta por la inadmisión de sus recursos de revisión

Redacción | 19 de diciembre de 2025

La alianza integrada por SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (E&L), junto a la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, comunicó este viernes el inicio de una doble ofensiva en los tribunales. Las acciones se dirigen contra la Junta de Andalucía y contra el Ayuntamiento de Lopera.

Según lo anunciado, la decisión llega tras los últimos pasos de ambas administraciones en relación con las plantas fotovoltaicas ilegales que afectan al término municipal loperano. En este contexto, la alianza vincula la tramitación de los proyectos con riesgos para el olivar tradicional del municipio.

“La alianza no se va a quedar de brazos cruzados ante la tramitación de estos proyectos, en la que existen graves vulneraciones de la normativa ambiental y urbanística, que ha abierto el camino hacia la inminente e irreparable tala de los olivos tradicionales de Lopera”, afirma Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

1. Impugnación ante el TSJA por las decisiones de la Junta
2. Recurso contra el decreto municipal por las licencias en Lopera

Impugnación ante el TSJA por las decisiones de la Junta

La primera vía judicial anunciada consiste en la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La alianza apunta a la inadmisión de los recursos de revisión que habían presentado SOS Rural y E&L ante las Delegaciones de Medio Ambiente e Industria de la Junta en Jaén.

En su argumentación, E&L sostiene que las autorizaciones otorgadas por la administración autonómica adolecen de nulidad. “Las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica son nulas de pleno derecho, ya que existe una fragmentación artificial de los proyectos para eludir la competencia estatal, evitando que el Ministerio de Transición Ecológica los supervise por ser inferior a los 50MW, y para evitar una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta, impidiendo un análisis global del impacto de estos parques sobre el ecosistema y la economía agrícola de Lopera”, argumenta Margarita Fernández, presidenta de E&L.

De acuerdo con lo expuesto por la alianza, el núcleo del litigio se centra en cómo se han tramitado los proyectos y en el alcance de la evaluación ambiental. El planteamiento anunciado insiste en que la división de iniciativas impediría valorar de forma conjunta los efectos sobre el entorno y sobre la actividad agrícola del municipio.

Recurso contra el decreto municipal por las licencias en Lopera

De forma paralela, SOS Rural y E&L han formalizado otra impugnación en el ámbito municipal. En este caso, la alianza informó de la presentación del recurso correspondiente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jaén contra el decreto municipal emitido el 2 de diciembre por la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, mediante el que se levanta la suspensión de las licencias de obra vinculadas a las plantas fotovoltaicas.

“Este levantamiento, prematuro y arriesgado, se produce sin que se hayan resuelto las dudas técnicas sobre la legalidad de los proyectos y abre el camino para que comience ya la tala de olivos”, afirma Fernández.

Tras esta iniciativa, la alianza y la Plataforma Campiña Norte trasladaron a la alcaldesa Torres que el procedimiento que ahora se abre ante el TSJ podría terminar con la anulación total de los proyectos. En ese escenario, advirtieron de posibles efectos relevantes para el Consistorio si se conceden licencias mientras, según su planteamiento, se conocen los vicios de nulidad de pleno derecho que afectarían a las autorizaciones sectoriales.

Entre los efectos señalados, se citó la posibilidad de que la empresa promotora ejercite una acción por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento. Además, la alianza recordó un precedente reciente: el TSJA, el mismo órgano ante el que se ha presentado el recurso contencioso-administrativo contra la Junta, se pronunció el 15 de julio sobre un caso que califican de idéntico en los municipios vecinos de Bujalance y Montoro, anulando la construcción de las plantas fotovoltaicas que se están desarrollando allí y confirmando la nulidad de este tipo de proyectos por vulnerar la legislación ambiental.

«La Justicia no puede permitir que se consume un fraude de ley que condena a la desaparición a miles de olivos productivos, irremplazables, causando un daño irreparable al patrimonio natural y económico”, defiende Corbalán.